Esenciales pero vulnerables: trabajadores agrícolas mexicanos ante la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos

La pandemia del COVID-19, generada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, ha puesto de manifiesto la aportación que los trabajadores inmigrantes hacen para la economía y el bienestar de la población de Estados Unidos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2021), a principios del mes de febrero de 2021, había 26 millones de casos de contagios acumulados y 438 mil muertes por coronavirus en ese país, siendo California, Texas, Florida, Nueva York y Nueva Jersey los estados más afectados por el virus que tienen gigantescas poblaciones de inmigrantes. Entre los inmigrantes, hay que destacar a aquellos considerados como “trabajadores esenciales”, quienes desde que llegó el virus a ese país se han mantenido activos en el mercado laboral. Tal es el caso de los médicos, enfermeras y otros especialistas de la salud que se han dedicado de tiempo completo a salvar vidas en condiciones muchas veces peligrosas en los distintos estados de la unión americana.

Pero los trabajadores esenciales incluyen no solo al personal de salud sino también a otros trabajadores que no pueden realizar sus actividades laborales desde casa y que laboran para empresas que no pueden suspender sus actividades porque sus productos y servicios son necesarios para preservar la vida y la salud de la población. Un buen ejemplo de estos trabajadores son los empleados en la agricultura, la mayor parte de los cuales son inmigrantes nacidos en México y que en un alto porcentaje son indocumentados.

Irónicamente, desde el inicio de la pandemia, el Gobierno federal de los Estados Unidos, bajo la conducción del expresidente Donald Trump, los definió como “trabajadores esenciales”. Algunos de ellos portaban cartas de sus empleadores que los definían como tales pero que no los protegían contra la deportación sino solamente para que no fueran arrestados por violar las órdenes de quedarse en casa. La agencia estadounidense Inmigration and Control Enforcement (ICE), perteneciente al Department of Homeland Security, que tiene a su cargo la deportación desde el interior del país, comunicó el 18 de marzo de 2020 que “ajustaría temporalmente su actividad para enfocarse no en los inmigrantes indocumentados ordinarios sino en aquellos que plantean una amenaza criminal o a la seguridad pública” (Jordan 2020).¹ La administración del presidente Joseph Biden, que inició en enero de 2021, luego de la derrota electoral de Trump, ha mantenido la denominación de los trabajadores agrícolas como esenciales.

Por esta razón, y a pesar de la pandemia, estos trabajadores han continuado sembrando los campos agrícolas, recogiendo las cosechas, procesando y empacando frutas y verduras, así como distintos productos de origen animal para abastecer los mercados para que millones de estadounidenses –incluidos los que se encontraban en resguardo domiciliario– pudieran tener acceso a alimentos. Sin embargo, a pesar de haber pasado de la invisibilidad a la visibilidad durante la pandemia, muchos trabajadores agrícolas no cuentan con las medidas de protección personal contra el virus, ni mucho menos cuentan con un seguro médico que les permita acudir a recibir atención médica en caso de que enfermen de COVID-19, por lo que constituyen una población altamente vulnerable.

Ed Kissam, que ha rastreado el impacto del coronavirus en las comunidades de trabajadores agrícolas en California, señala que los empleadores no protegen a sus trabajadores porque les ofrecen transporte, vivienda, acceso a atención médica y pruebas de COVID-19 deficientes. Por otra parte, la información oficial sobre coronavirus del condado de Monterey en California al 1 de julio de 2020 mostró que entre los trabajadores agrícolas había 1,410 casos positivos por cada cien mil habitantes, que es aproximadamente tres veces la tasa de infección de otros trabajadores (Reiley y Reinhard 2020). En otra nota periodística publicada el 30 de abril de 2020, se señala que al menos veinte trabajadores de plantas de procesamiento de carne y otros alimentos habían muerto por COVID-19, y más de 6,500 empleados en las empacadoras de carne habían sido diagnosticados con coronavirus (García 2020).

El presente artículo tiene como objetivo central analizar la participación de los inmigrantes mexicanos en el trabajo agrícola en Estados Unidos, incluyendo tanto los residentes en ese país como los que ingresan temporalmente con la visa H-2A, que han sido definidos como trabajadores esenciales durante la pandemia del COVID-19. Asimismo, se examinan sus condiciones socioeconómicas que los hacen vulnerables a ser infectados por el COVID-19. Para este fin, se utiliza la información contenida en las siguientes tres bases de datos: la Current Population Survey (CPS) levantada durante junio de 2020 (Ruggles et al. 2020), la American Community Survey (ACS) de 2018 (Ruggles et al. 2018a) y la National Agricultural Workers Survey (NAWS) de varios años (US Department of Labor 2020). En este artículo, también se consultan reportes gubernamentales y de ONG, así como publicaciones académicas para complementar la información. Es importante señalar que por el mismo desarrollo de la pandemia no fue posible realizar trabajo de campo ni entrevistas con trabajadores agrícolas.

El documento está organizado en cuatro grandes apartados. En la primera parte, se presenta un análisis general de la participación laboral de los inmigrantes mexicanos en actividades consideradas como esenciales durante la pandemia, destacando la evidencia empírica y sus implicaciones teóricas. En la segunda sección, se analiza la participación de los trabajadores mexicanos en el sector agrícola estadounidense a nivel nacional y por grandes regiones geográficas. En la tercera parte, se examina la importancia de los trabajadores agrícolas temporales mexicanos que han ingresado a Estados Unidos con visas H-2A en el periodo reciente y de manera especial durante los meses de la pandemia. En el cuarto apartado, se explora la vulnerabilidad de los trabajadores agrícolas mexicanos ante el coronavirus. En la última parte, se presentan las conclusiones del artículo.

La pandemia de COVID-19 ha visibilizado la dependencia de la sociedad estadounidense en los trabajadores inmigrantes, principalmente los considerados como esenciales. De acuerdo con datos de la CPS de junio de 2020, principal fuente de información para medir el empleo en ese país, los inmigrantes contribuyen con el 17.5% de la fuerza de trabajo de ese país. La participación de los inmigrantes mexicanos en la fuerza de trabajo de Estados Unidos es impresionante ya que por si solos representan una cuarta parte de los trabajadores inmigrantes en ese país (24.7%; Ruggles et al. 2020). Esto es sorprendente tomando en cuenta que en los últimos años ha disminuido considerablemente el flujo de migrantes mexicanos que cruzan la frontera de manera indocumentada para trabajar en Estados Unidos debido, entre otros factores, a las políticas de contención implementadas por el Gobierno de ese país para detener la inmigración irregular (González-Barrera 2015).

En la figura 1, se aprecia como durante junio de 2020 los trabajadores de origen mexicano, junto con otros inmigrantes latinoamericanos, registraron tasas de participación económica más altas que las ostentadas por la población nativa blanca y negra durante el tiempo de estricto resguardo domiciliario y aislamiento social debido a la pandemia del COVID-19. La población de origen mexicano incluye a los inmigrantes nacidos en México y a los nacidos en Estados Unidos de ascendencia mexicana, a quienes denominamos “mexicoamericanos”, aunque muchos de ellos se identifican a sí mismos como chicanos. Sin embargo, cabe resaltar que los inmigrantes mexicanos fueron los más afectados por el desempleo que se registró en Estados Unidos en 2020 con la tasa de ocupación más baja (43.3%).

De acuerdo con Sáenz y Sparks (2020) la pérdida de empleos ha sido particularmente grave para los trabajadores negros y latinos, quienes han registrado tasas de desempleo altas. Durante junio de 2020, los trabajadores negros y latinos registraron una tasa de desempleo cercana al 15%, en tanto que para los blancos dicho indicador fue de 9.2%. Si bien todos los segmentos de la población se han visto afectados por la pandemia, sus efectos directos e indirectos han afectado de manera desigual a los distintos grupos étnico-raciales, por lo que las diferencias en los niveles de empleo y desempleo podrían explicarse por los distintos perfiles demográficos y socioeconómicos de la fuerza de trabajo laboral. Los latinos, entre los cuales los de origen mexicano son mayoría, son un grupo relativamente joven en comparación con los blancos. Además, la proporción de trabajadores latinos y negros tienen niveles más bajos de escolaridad, y son más propensos a estar sobrerepresentados en empleos que han sido fuertemente afectados por la pandemia.

El 19 de marzo de 2020, el US Department of Homeland Security (Krebs 2020), a través de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, dio a conocer un memorandum en el que se definieron los catorce sectores esenciales de la economía que debían seguir operando para responder a la amenaza del COVID-19 bajo el argumento de que “el funcionamiento de la infraestructura crítica es imperativo durante la respuesta a la emergencia provocada por el COVID-19 tanto para la salud y seguridad públicas como para el bienestar de la comunidad” (Krebs 2020).

La producción de alimentos juntamente con la agricultura es identificada como el sector número 3 dentro de los sectores considerados como esenciales: (1) atención a la salud/salud pública; (2) aplicación de la ley, seguridad pública, personal de respuesta inmediata; (3) alimentos y agricultura; (4) energía; (5) agua y aguas residuales; (6) transporte y logística; (7) obras públicas; (8) comunicaciones y tecnología de la información; (9) otras operaciones gubernamentales basadas en la comunidad y funciones esenciales; (10) manufactura crítica; (11) materiales peligrosos; (12) servicios financieros; (13) química; y (14) base industrial de defensa (Krebs 2020).

Los datos de la CPS muestran que diferentes grupos nativos e inmigrantes participaron con proporciones mayores al 50% en actividades económicas consideradas como esenciales en 2020, como se puede observar en la figura 2. Sin embargo, los inmigrantes mexicanos tienen la participación más alta con 70.2%. Este grupo es seguido por otros inmigrantes latinoamericanos con 62.8% y luego por los mexicoamericanos con 58.2%.

Una investigación realizada por el Center for Migration Studies of New York (2020) revela que casi dos terceras partes (66%) de los trabajadores inmigrantes de dieciséis años o más trabajaban en empresas definidas como esenciales en comparación con el 56% de la mano de obra nativa en el estado de Nueva York. De acuerdo con dichas cifras, los trabajadores nacidos en el extranjero representaban el 31% de los trabajadores en empresas esenciales, a pesar de representar el 28% de la mano de obra en ese estado. Asimismo, el 70% de la fuerza de trabajo indocumentada estaba laborando en empresas esenciales.

Los trabajadores inmigrantes estaban contribuyendo a la seguridad alimentaria de la población, ya que constituían el 16% de los empleados agrícolas, casi el 30% de los trabajadores en la fabricación y procesamiento de alimentos y bebidas y el 32% de los empleados en tiendas de alimentos y bebidas del estado de Nueva York (Center for Migration Studies of New York 2020).

Habiendo establecido empíricamente que durante la pandemia los inmigrantes mexicanos han tenido una alta participación laboral en actividades económicas esenciales, como lo es la agricultura, vale la pena preguntarnos, teóricamente, cómo es que se ha construido la dependencia de este sector de la economía estadounidense en estos trabajadores. La teoría de la sucesión étnica (queuing theory) es útil ya que sostiene que los inmigrantes toman empleos que los trabajadores nativos ya no quieren, por lo que surge una “escalera de empleo” o una fila para los trabajadores inmigrantes. Con el tiempo, los trabajadores nativos se desplazan hacia mejores ocupaciones, dejando vacantes los empleos de “nivel inferior” y menos deseables, que son tomados por varios grupos de inmigrantes (Valenzuela 1993).

Esta teoría es útil para analizar la transformación del mercado de trabajo de la agricultura de California. Históricamente, los empleadores agrícolas de este estado han dependido en el ingreso secuencial de grupos de trabajadores inmigrantes. En general, un grupo más asentado de trabajadores agrícolas es reemplazado por un nuevo grupo que está dispuesto a aceptar salarios más bajos y peores condiciones de trabajo. Por esta razón, los trabajadores agrícolas de California han sido sucesivamente chinos, japoneses, filipinos y mexicanos. Solo durante la Gran Depresión los “Okies” y “Arkies” estadounidenses formaron parte de la mano de obra agrícola. Después de la Segunda Guerra Mundial, los trabajadores negros del sur de Estados Unidos comenzaron a trabajar en los campos agrícolas californianos. Al inicio de la década de 1990, el proceso de reemplazo laboral también empezó a llevarse a cabo dentro del grupo de inmigrantes mexicanos. Los mixtecos, un grupo indígena del sur de México, estaban reemplazando a los trabajadores agrícolas mexicanos mestizos al tomar los empleos estacionales que estos empezaron a abandonar (Zabin et al. 1993).

En la actualidad, como se mostrará en la siguiente sección, la mayor parte de los trabajadores empleados en la agricultura de Estados Unidos siguen siendo inmigrantes mexicanos, mestizos e indígenas, seguidos por los trabajadores inmigrantes de Guatemala. Sarah Bronwen Norton (2016) argumenta que los trabajadores agrícolas tienen un status excepcional que es excepcionalmente inhumano ya que por más de un siglo han sido excluidos de las provisiones del Nuevo Trato (New Deal), ya que a los trabajadores agrícolas se les excluyó del pago de tiempo y medio por trabajar horas extras. Por otra parte, la política de inmigración hace a los trabajadores indocumentados no elegibles para gozar del seguro de desempleo.

Históricamente, la dependencia de los empleadores en los trabajadores agrícolas mexicanos se inició con la Ley de Exclusión China de 1882 y el “Acuerdo de Caballeros” de 1907, mediante el cual los Gobiernos de Estados Unidos y Japón negociaron el fin de la migración de los trabajadores japoneses. Ante la ausencia de los trabajadores agrícolas asiáticos, los empleadores estadounidenses empezaron a reclutar más trabajadores de México. Posteriormente, el Programa Bracero, que se desarrolló entre 1942 y 1964, fue el factor fundamental que llevó a la institucionalización del trabajador mexicano agrícola temporal. En este periodo, se emitieron 4.6 millones de contratos para que los mexicanos fueran a trabajar en la agricultura de Estados Unidos, al mismo tiempo que una “frontera abierta” permitió el ingreso casi sin control de un número mayor de trabajadores indocumentados (García y Griego 2016).

Durante estos veintidós años, no sólo los empleadores agrícolas estadounidenses se hicieron dependientes de ellos sino también muchas familias mexicanas que recibían una proporción importante de sus ingresos a través de las remesas que enviaban los trabajadores en Estados Unidos (Alarcón 2011). En este sentido, el Programa Bracero fue un éxito en tanto que creó un movimiento masivo de trabajadores que fue el objetivo de la política de inmigración de Estados Unidos (Calavita 1992, 167). Los trabajadores mexicanos han fungido como una reserva y fuente de mano de obra barata para la economía estadounidense. Además, debido al reemplazo de la fuerza laboral mejor pagada, los trabajadores mexicanos cumplen el objetivo de disminuir los costos de operación para aumentar la competitividad empresarial, pues trabajan en empleos peligrosos, de baja calificación, bajos salarios, prestaciones limitadas y con relaciones laborales informales (Delgado y Márquez 2007).

La aprobación por el Congreso de Estados Unidos de la Immigration Reform and Control Act (IRCA) en 1986 y su implementación en los años posteriores fueron una confirmación y otro elemento fundamental de la dependencia de la economía de Estados Unidos en los trabajadores agrícolas mexicanos. Al final de 1991, esta legislación concedió la legalización de 3,031,848 inmigrantes, de los cuales tres cuartas partes eran mexicanos (2,266,577; US Immigration and Naturalization Service 1992; Alarcón Acosta 2016, 310).

El programa Special Agricultural Workers (SAW) fue parte del proceso de regularización migratoria de IRCA. El hecho de que hubo 1.3 millones de solicitantes a este programa de regularización migratoria provocó acusaciones de fraude generalizado, ya que se argumentaba que en el inicio de la década de 1980 se estimaba que había solamente 350 mil migrantes indocumentados trabajando en la agricultura (Martin 1990, 73). Al final, 1.1 millones de migrantes mexicanos obtuvieron la residencia permanente legal a través de este programa (US Immigration and Naturalization Service 1992; Alarcón Acosta 2016, 308).

La pandemia del COVID-19 ha vuelto a reafirmar la fuerte dependencia de la agricultura estadounidense en los inmigrantes mexicanos. De acuerdo con datos de la CPS, se estima que del total de trabajadores agrícolas ocupados en Estados Unidos durante junio de 2020, poco más del 33% fueron de origen mexicano. De ellos, el 27.4% eran nacidos en México, y el 5.9% eran mexicoamericanos (véase tabla 1). Del total de trabajadores de origen mexicano, ocho de cada diez nacieron en México y dos son hijos, nietos o descendientes más lejanos de inmigrantes mexicanos que ya nacieron en Estados Unidos. Los datos de la CPS mostrados en la tabla 1 destacan también la importante contribución de los inmigrantes mexicanos en las actividades agrícolas en relación con otros inmigrantes. Según dicha fuente (Ruggles et al. 2020), en 2020, el 70% de los trabajadores agrícolas inmigrantes eran mexicanos, y el restante 30% eran originarios de otros países.

Otra base de datos, la NAWS que el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos realiza anualmente desde el año fiscal 1989,² muestra que siete de cada diez trabajadores agrícolas contratados entrevistados en 2015–16 (69%) nacieron en México, una cuarta parte nació en Estados Unidos (24%) y el 1% nació en Puerto Rico, un 6% adicional nació en América Central y una pequeña porción (1%) se originó en otras regiones del mundo (US Department of Labor 2018).

La NAWS revela que entre 2015 y 2016, el 49% del total de trabajadores agrícolas carecían de autorización para trabajar en Estados Unidos. Del total de trabajadores agrícolas autorizados, el 29% eran ciudadanos de ese país, el 21% eran residentes permanentes legales y el 1% restante tenía autorización para trabajar a través de otro tipo de visas (US Department of Labor 2018). Miriam Jordan (2020) argumenta, a diferencia del Departamento de Agricultura, que la mitad de los trabajadores agrícolas (que suman más de un millón) son indocumentados y señala que hay empresarios agrícolas y contratistas laborales que estiman que esta proporción se acerca al 75%.

La aportación esencial de los trabajadores agrícolas de origen mexicano en la economía de Estados Unidos se puede analizar también a través de ubicar su presencia en las distintas regiones en las que desempeñan una gran variedad de labores, ya que el sistema agrícola estadounidense es sumamente diverso. En la figura 3 se observa que en la región del Pacífico, formada por los estados de California, Oregón, Washington, Alaska y Hawái, poco más de seis de cada diez trabajadores agrícolas son de origen mexicano (63.2%, de los cuales la gran mayoría son nacidos en México [56.5%] y el 6.7% son mexicoamericanos). Los trabajadores agrícolas de origen mexicano son seguidos por los immigrantes originarios de otros países (12.4%) y los inmigrantes latinoamericanos (1%). En conjunto, los trabajadores inmigrantes representan cerca del 70% del total de trabajadores agrícolas en esta región, y el predominio de la mano de obra de origen mexicano en esta región se explica porque California es el estado donde se concentra más del 36% de la población inmigrante mexicana y es el principal productor agrícola de la unión americana (US Department of Agriculture 2021).

En la región de las Montañas, conformada por los estados de Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming, la población de origen mexicano representa el 41.7% de la mano de obra empleada en el sector agrícola (35.2% son inmigrantes mexicanos y 6.5% mexicoamericanos). La proporción de trabajadores agrícolas de origen mexicano es similar a la registrada por la población nativa blanca, pero superior a la de otros inmigrantes (9.6%). Al igual que en la región Pacífico, la alta proporción de trabajadores agrícolas de origen mexicano se explica por la alta concentración de la población inmigrante mexicana y por la importancia que el sector agrícola tiene en la economía de algunos de sus estados.

De igual forma, cabe destacar la participación de los trabajadores de origen mexicano en las actividades agrícolas de la región Atlántico Medio, que incluye los estados de Nueva York y Pensilvania, donde representan cerca del 17% del total de los trabajadores de ese sector económico, quienes en su totalidad son inmigrantes mexicanos, ubicándose como el segundo grupo de trabajadores agrícolas más numeroso después de la población nativa blanca. Esta es una de las principales regiones productoras de manzana en Estados Unidos, y algunas de sus zonas de cultivo están muy cercanas a importantes centros de población como la ciudad de Nueva York. A esta región arriba una proporción importante de migrantes mexicanos indígenas originarios de los estados de Puebla y Guerrero (Hernández-Corchado 2019), quienes constituyen uno de los colectivos étnicos más vulnerables ante la pandemia del COVID-19 (Guerrero 2020).

En la región central noreste, formada por los estados de Illinois, Indiana, Michigan, Ohio y Wisconsin, los trabajadores agrícolas de origen mexicano representan alrededor del 26% de la mano de obra agrícola, de los cuales 11.6% mexicanos y 13.8% mexicoamericanos. Desde las primeras décadas del siglo XX, en esta región radica un segmento importante de la población inmigrante mexicana principalmente en la ciudad de Chicago, Illinois.

En la región central sureste, a la que pertenecen Alabama, Kentucky, Mississippi y Tennessee, los trabajadores de origen mexicano aportan solamente alrededor del 15.6% del total (11.4% mexicanos y 4.2% mexicoamericanos), que es un aporte similar al registrado por la población negra y de otros inmigrantes latinoamericanos y de otras partes del mundo. En la región del Atlántico Sur, formada por los estados de Delaware, Georgia, Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia del Oeste, el aporte de los trabajadores de origen mexicano al sector agrícola es similar al de la región central sureste (14.5%). En esta región, como se aprecia en la figura 3, el porcentaje de los trabajadores mexicanos y de origen mexicano es menor al de otros inmigrantes latinoamericanos procedentes de distintos países de Centroamérica, América del Sur y el Caribe. Sin embargo, en los últimos años, en los estados de esta región se ha registrado un crecimiento notable de la población de origen mexicano que labora en los campos y empresas agrícolas (Cruz y Ramírez-García 2019). Asimismo, desde hace varios años, arriban a esta región trabajadores agrícolas temporales de distintas partes de México con visas H-2A para emplearse en la producción de cítricos, el corte y empacado de plátano y el procesamiento de carne de pollo y huevo (Trigueros Legarreta 2008).

En la región central suroeste, que está integrada por los estados de Arkansas, Luisiana, Oklahoma y Texas, los trabajadores de origen mexicano representan casi el 14% del total de la mano de obra empleada en el sector agrícola (5.9% mexicanos y 7.8% mexicoamericanos). Su contribución es especialmente alta en el estado de Texas, ya que en él radica alrededor del 20% de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, según datos de la CPS, quienes históricamente han contribuido a la producción de algodón, cereales, frutas frescas, hortalizas y uva. Asimismo, su trabajo es importante en las actividades ganaderas y en el mantenimiento de bosques (Trigueros Legarreta 2008). Por último, la participación de la población de origen mexicano en el sector agrícola de las regiones de Nueva Inglaterra (Maine, Massachusetts, Nueva Hampshire, Rhode Island y Vermont) y central del noroeste (Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur) es muy baja o casi estadísticamente nula. En estas dos regiones, la mayoría de los trabajadores agrícolas son nativos blancos y negros e inmigrantes nacidos en otros países del mundo.

La importante participación actual de los migrantes mexicanos en las regiones del Pacífico y las Montañas, además de su creciente presencia en la región del Atlántico Medio, se puede valorar mejor cuando se le compara con la participación de estos migrantes en las regiones de Estados Unidos en la década de 1990. Mientras los trabajadores agrícolas inmigrantes provenientes de América Latina hasta antes de la década de 1990 habían tenido una presencia histórica muy fuerte en los estados del Oeste y Florida, los estados del Este se estaban convirtiendo en esos años en destinos importantes para estos trabajadores. Para mostrar estos cambios, Rafael Alarcón y Rick Mines (2002) dividieron el país en dos regiones: el Oeste, que incluye todos los estados al oeste del río Mississippi más Florida, constituye la región tradicional de incorporación de inmigrantes en el mercado de trabajo agrícola; y el Este, que incluye todos los estados al este del río Mississippi (excepto Florida), y es la región de reciente incorporación.

Los datos de la NAWS muestran que hubo muy poco cambio entre 1989 y 1997 en el Oeste y Florida, ya que, con algunas leves variaciones anuales, alrededor del 83% de los trabajadores había nacido fuera de Estados Unidos. Sin embargo, en el Este (sin Florida), la proporción de los inmigrantes dramáticamente se dobló, pasando del 40% en 1989 a 77% en 1997. El cambio rápido hacia una fuerza de trabajo mayoritariamente mexicana y guatemalteca se debió principalmente a las malas condiciones del trabajo agrícola que no habían podido retener a una buena parte de los trabajadores experimentados tanto nativos como inmigrantes y a la disponibilidad de empleos con bajos salarios en la floreciente economía no agrícola estadounidense de esos años. La NAWS mostraba que los ingresos individuales de los trabajadores agrícolas se habían estancado entre los $5,000 y los $7,500 por año, mientras que los ingresos familiares estaban entre $7,500 y $10,000 (Alarcón y Mines 2002).

Los trabajadores agrícolas estaban encontrando menos trabajo por año, la tasa de rotación laboral había aumentado y un número cada vez más alto de trabajadores estaban en su primer año de trabajo en Estados Unidos. Para los nacidos en este país, la disminución del tiempo dedicado al trabajo agrícola ocurrió porque la fuerza de trabajo estaba formada más por jóvenes con trabajos de verano y menos por trabajadores de largo plazo (Alarcón y Mines 2002). El deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas se había intensificado también por la dependencia creciente en contratistas ya que los propietarios de las empresas agrícolas los habían usado para evadir la regulación gubernamental con respecto a la no contratación de trabajadores indocumentados y para inhibir los esfuerzos de sindicalización (Krissman 2000).

Otro tipo de trabajadores esenciales son los que en altísimo número son admitidos temporalmente a Estados Unidos con la visa H-2A para trabajar en la agricultura. Este tipo de visas temporales tuvo su origen en 1952 en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, también llamada McCarran-Walter Act, que se convirtió en la ley básica de inmigración (Calavita 1992; Trigueros Legarreta 2008). En efecto, en pleno desarrollo del Programa Bracero, se creó esta visa para trabajadores agrícolas temporales que originalmente se denominó H-2 y que en un primer momento se otorgó a migrantes caribeños; sin embargo, a partir de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 se le conoce como H-2A (Papademetriou y Heppel 1999). Estos trabajadores agrícolas mexicanos reproducen el trabajo que realizaron sus abuelos o bisabuelos durante el Programa Bracero.

Por muchas décadas, los trabajadores mexicanos con visa H-2A han sido los preferidos de los empleadores estadounidenses, como lo muestra la figura 4 en la que se observa que el número total de los portadores de esta visa corresponde casi completamente con los nacidos en México en el periodo entre 1998 y 2018. Mientras que en 1998, 21,594 receptores de la visa eran mexicanos, en 2016, este número subió exponencialmente a 332,445 con un decrecimiento importante en 2018. Irónicamente, en 2008, cuando la Gran Recesión impactaba la economía global, se dio un crecimiento importante en el número de los mexicanos, cuando pasaron de 40,283 en 2006 a 163,695 en 2008 (véase figura 4).

Con respecto a las condiciones de trabajo, desde hace veinte años, Paz Trigueros Legarreta (2008) encontró que los trabajadores con visa H-2A han sido requeridos para actividades muy diversas, como el cultivo del tabaco, frutas y vegetales, pero también para el cuidado de animales, el trabajo con árboles de navidad, caña de azúcar o invernaderos, así como en irrigación y operaciones con maquinaria. Según esta autora, las condiciones de trabajo dependen del empleador, del tipo de trabajo y de qué tan alejado de las ciudades está el lugar del empleo. Sin embargo, al igual que los receptores de la visa H-2B, los trabajadores agrícolas con visa H-2A desempeñan trabajos descritos como 3D: dirty, dangerous y demanding (sucios, peligrosos y demandantes). Hay por otra parte mucha variación en relación al trato de los empleadores, las viviendas, la comida y el respeto a las condiciones acordadas (Trigueros Legarreta 2008, 128, 138). En esta línea de investigación, en 2019, el Departamento del Trabajo encontró cerca de doce mil violaciones al programa H-2A, con cerca de cinco mil trabajadores que sufrieron un fraude en sus salarios. Los trabajadores con frecuencia se muestran reacios a hablar en contra de sus empleadores que les proporcionan vivienda, transporte y un salario, junto con la posibilidad de permanecer en Estados Unidos (Khimm y Silva 2020).

Si bien la visa H-2A no es parte de un convenio bilateral con México, las burocracias de los Gobiernos estatales de Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán han sido muy activos en gestionarlas para sus ciudadanos. Por ejemplo, en 2001, una corresponsal de la cadena estadounidense ABC documentó como representantes legales de compañías de Estados Unidos y migrantes potenciales de San Luis Potosí se reunieron en las instalaciones del Gobierno estatal para seleccionar a quienes pudieran ocupar empleos de baja calificación con visas H-2A y H-2B. El Gobierno del estado de Michoacán firmó un convenio de colaboración con la United Farm Workers para que los campesinos de los municipios de alta marginación realizaran trabajos agrícolas en Estados Unidos con visas H-2A en 2008 (Yrizar Barbosa y Alarcón 2010).

Por su parte, en 2000, la Asociación de Granjeros de Carolina del Norte –la que más trabajadores H-2A contrataba para el cultivo del tabaco, con 13,500 visas al año– tenía una red de subcontratistas coordinados por su filial Manpower of America, establecida en Monterrey, en estados como Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Jalisco y Veracruz (Trigueros Legarreta 2008, 136).

Por la larga historia de dependencia de los empleadores agrícolas estadounidenses en la mano de obra mexicana, la necesidad de empleo de los trabajadores mexicanos y las gestiones de gobiernos estatales, en el año fiscal 2018 como lo muestra la tabla 2, los mexicanos recibieron el 93% de las 277,340 visas H-2A otorgadas ese año, seguidos muy de lejos por los trabajadores de Jamaica, Canadá, Guatemala y Sudáfrica.

Irónicamente, en el contexto de la pandemia del COVID-19, el Gobierno de Trump ha reafirmado la fuerte dependencia que tienen los empresarios agrícolas estadounidenses con respecto a los trabajadores agrícolas mexicanos temporales con visa H-2A. El 22 de junio de 2020, la Casa Blanca emitió la “Proclamación que suspende la entrada de extranjeros que presentan un riesgo para el mercado laboral de Estados Unidos luego del brote de coronavirus” (Trump 2020; “Proclamation Suspending Entry of Aliens Who Present a Risk to the U.S. Labor Market Following the Coronavirus Outbreak”), que tiene la finalidad de proteger el empleo de los trabajadores estadounidenses en el contexto de la pandemia.

En esta proclamación, se argumenta que, dado que la admisión de trabajadores bajo algunas categorías de visas de no inmigrantes constituía un riesgo de desplazar y perjudicar a los trabajadores de Estados Unidos, se suspendió y limitó el ingreso de extranjeros que tuvieran las visas de no inmigrantes H-1B, H-2B, J, y L hasta el 31 de diciembre de 2020. Curiosamente, la visa H-2A para trabajadores agrícolas no fue mencionada y por tanto no se suspendió.

Sin embargo, a pesar de que los viajes de los trabajadores H-2A son considerados esenciales, todos los migrantes están sujetos a estrictas revisiones médicas en los puertos de entrada, incluida la autocuarentena de catorce días. Quizás, por esta razón, los registros de la forma I-94 revelan que ya dentro del periodo de la pandemia hubo una disminución del 87.9% en el ingreso a Estados Unidos de estos trabajadores mexicanos entre abril de 2019 y abril de 2020 (Escalante, Luo y Taylor 2020)

Por su parte, el Department of Homeland Security confirmó los cambios temporales que afectan a los trabajadores temporales con visa H-2A debido a la emergencia nacional causada por el COVID-19, asegurando a los empresarios de la agricultura el acceso seguro a esta mano de obra temporal:

Los Estados Unidos es el país del continente americano más afectado por la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (Organización Mundial de la Salud 2021). Esta situación pone en alto riesgo a los trabajadores más vulnerables, como es el caso de los trabajadores agrícolas migrantes indocumentados y los contratados temporalmente con visas H-2A, quienes en su mayor parte son nativos de México. Muchos de estos trabajadores viven en condiciones de hacinamiento y se trasladan en grupos a los campos de cultivos en vehículos de los “raiteros” que no siempre cuentan con las medidas de higiene necesarias y no permiten mantener el distanciamiento social para evitar contagios por el virus. Lo más grave es que muchos de estos trabajadores no tienen un seguro médico que les permita tener acceso a recibir atención médica en caso de que se enfermen de COVID-19. A lo anterior, habría que sumar el hecho de que los jornaleros agrícolas, en comparación con otros trabajadores, tienen salarios bajos, cuentan con menos prestaciones laborales y enfrentan más riesgos a la salud en ese país (CONAPO 2013). Por esta razón, se puede afirmar que la pandemia ha exacerbado las desigualdades étnico-raciales ya existentes tanto a la hora de contraer el virus como de enfrentar las dramáticas consecuencias económicas.

Según Jordan (2020), los trabajadores agrícolas carecen de seguro médico y no reciben paga por enfermedad. El paquete de ayuda por la pandemia, aprobado por el Congreso en marzo de 2020, por $2 trillones, no ofrece ninguna ayuda a los inmigrantes indocumentados. Por su parte, Philip Martin (2020) argumenta que en California todos los trabajadores agrícolas, incluidos los que trabajan de manera indocumentada, son elegibles para dos semanas de licencia por enfermedad con goce de sueldo de hasta $511 por día o $5,110 en total, si estuvieron empleados al menos treinta días y están sujetos o se les ha recomendado guardar cuarentena debido a COVID-19.

En 2018, alrededor de uno de cada cinco trabajadores agrícolas mexicoamericanos y negros nativos no contaba con ningún tipo de seguro médico público o privado; sin embargo, dicha proporción se eleva a 45% en el caso de los nacidos en México y 47% en el de los otros inmigrantes latinoamericanos. En contraste, solamente 13.6% de los nativos blancos están en esta situación (véase tabla 3). Esos resultados ponen en evidencia la vulnerabilidad de la salud de los trabajadores agrícolas mexicanos ante la pandemia.

La ausencia de un seguro médico entre la población inmigrante en Estados Unidos, especialmente entre los mexicanos, puede explicarse por el hecho de que muchos trabajan de manera informal por lo que no cuentan con un contrato de trabajo que les garantice el derecho al sistema de salud estadounidense. Además de que en ese país el sistema del seguro médico es de tipo privado, por lo que todos sus ciudadanos están obligados a contratarlo si quieren recibir asistencia sanitaria. Hay dos formas de conseguir el seguro privado: de forma personal o a través del empleador que ofrezca este beneficio laboral a sus trabajadores (CONAPO 2013). Como se observa en la tabla 3, únicamente 31.7% de los trabajadores agrícolas nacidos en México contaba con un seguro privado en 2018, que en su mayor parte es pagado por el empleador. En contraparte, el 64.6% de los trabajadores agrícolas blancos nativos tienen este tipo de seguro.

La vulnerabilidad de los trabajadores agrícolas de origen mexicano ante el nuevo coronavirus se acrecienta por sus condiciones de hacinamiento residencial, así como por su perfil sociodemográfico y epidemiológico. En cuanto al perfil sociodemográfico, se ha destacado que en los últimos años se ha registrado un incremento importante en la población inmigrante mexicana en Estados Unidos de las personas adultas mayores (Ramírez-García, Ybáñez Zepeda y Alarcón Acosta 2017), las cuales también son consideradas como población en riesgo frente al coronavirus. En el caso específico de los trabajadores agrícolas de origen mexicano, se observa que poco más de 16% tiene sesenta años o más de edad, según datos de la CPS de junio de 2020.

Desde la óptica del perfil epidemiológico, se ha destacado un incremento en la prevalencia de ciertas enfermedades crónico-degenerativas entre la población de origen mexicano, como la diabetes, obesidad o sobrepeso, hipertensión, tabaquismo, deterioro cognitivo, entre otros (CONAPO 2013), debido a las altas tasas de pobreza y cambios en los hábitos alimenticios (lo que también está relacionado con una mayor obesidad), así como a una atención médica deficiente (Tovar et al. 2007). Hay evidencia médica que estos padecimientos aumentan el riesgo de enfermedades graves incrementando las probabilidades de muerte por el COVID-19 (Yang et al. 2020).

Según datos de la National Health Interview Survey (NHIS) de 2018, alrededor del 12% de la población de origen mexicano de dieciocho a sesenta y cuatro años de edad, residente en Estados Unidos, había sido diagnosticada alguna vez en su vida con diabetes o estaba en el límite de desarrollar dicha enfermedad (Ruggles et al. 2018b). Como se sabe, la diabetes es una enfermedad crónica degenerativa que requiere tratamiento y control de por vida, ya que si no se atiende, se acrecienta significativamente el riesgo de desarrollar complicaciones severas, tales como ceguera, amputaciones de manos, pies y dedos, y afecciones cardíacas y renales (CONAPO 2013). De acuerdo a información difundida por la Organización Mundial de la Salud, las personas con la diabetes que se infectan de coronavirus se vuelven más difíciles de tratar debido a condiciones asociadas a la enfermedad como el nivel de glucosa en la sangre, ya que el sistema inmunológico se afecta en mayor medida, lo que dificulta la lucha contra el virus y retarda el tiempo de recuperación –además de que el coronavirus se desarrolla más rápidamente en un ambiente de glucosa elevada en la sangre– (Vakharia 2020).

Asimismo, según datos de la NHIS de 2018 (Ruggles et al. 2018b), un 17% de la población de mexicanos y mexicoamericanos señaló que alguna vez en su vida había sido diagnosticada como hipertensa. Casi uno de cada diez padecía o tenía asma (9.2%), y casi el doble tenía colesterol alto (19.2%). Finalmente, 35.5% de la población de origen mexicano tenía obesidad u obesidad extrema. Los resultados de los primeros estudios que analizan el vínculo entre obesidad y coronavirus muestran que las personas que tienen problemas de sobrepeso, obesidad u obesidad extrema tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad más grave por coronavirus (Petrova et al. 2020).

En este artículo, hemos encontrado que los trabajadores agrícolas mexicanos –tanto los inmigrantes que ya radican en Estados Unidos como los que ingresan temporalmente a ese país con visas H-2A– han sido esenciales durante la pandemia causada por el SARS-CoV-2. Lo que es extraordinario es que a causa del COVID-19 hayan sido considerados como trabajadores esenciales por el Gobierno del expresidente Trump a pesar de que una gran proporción de ellos son indocumentados. Aunque esta denominación no los protege contra la deportación, es significativo que un gobierno que criminalizó tan violentamente a los inmigrantes fue forzado por la pandemia a reconocer la contribución esencial de estos trabajadores a la sociedad estadounidense.

Los inmigrantes mexicanos tuvieron tasas de participación laboral muy altas cuando la población estadounidense estuvo bajo estricto resguardo domiciliario y aislamiento social. Estos inmigrantes, entre todos los trabajadores de diferentes etnicidades, tuvieron la participación más alta (70.2%) en actividades económicas consideradas como esenciales en 2020. La aportación esencial de los trabajadores agrícolas mexicanos en la economía de Estados Unidos se puede analizar también a través de ubicar su presencia, con distintas proporciones, en casi todas las regiones agrícolas de ese país en las que desempeñan una gran variedad de tareas. Sin embargo, esta participación laboral es especialmente fuerte en la región del Pacífico, que incluye California, donde los inmigrantes mexicanos constituyen más de la mitad (56.5%) del total de los trabajadores agrícolas. Le siguen la región de las Montañas, en la que se ubican estados como Arizona y Colorado, para luego llegar a la región del Atlántico Medio, que incluye los estados de Nueva York y Pensilvania.

Otro tipo de trabajadores esenciales durante la pandemia han sido los migrantes mexicanos que en números muy altos son admitidos para trabajar por temporadas en la agricultura de Estados Unidos con la visa H-2A. Poco antes del inicio de la pandemia, en el año fiscal 2018, los mexicanos recibieron el 93% de las 277,340 visas H-2A que fueron otorgadas ese año, seguidos muy de lejos por los trabajadores de Jamaica, Canadá, Guatemala y Sudáfrica. En esta investigación, encontramos que ya bajo la pandemia, en 2020, el Department of Homeland Security aseguró a los empresarios de la agricultura el acceso seguro a esta mano de obra temporal.

A pesar de haber pasado de la invisibilidad a la visibilidad durante la pandemia, muchos trabajadores agrícolas no cuentan con las medidas de protección personal contra el virus, por lo que constituyen una población altamente vulnerable. Esta es la situación de los trabajadores agrícolas indocumentados debido a que muchos no cuentan con un seguro médico para poder recibir atención médica en caso de que lleguen a infectarse con el virus. A lo anterior se suma el hecho de que muchos empleadores no protegen a sus trabajadores ya que no les ofrecen transporte y alojamiento adecuados. Además, muchos trabajadores agrícolas mexicanos y mexicoamericanos poseen distintas comorbilidades como diabetes mellitus, hipertensión arterial y obesidad que han sido identificadas como factores de riesgo, ya que pueden complicar la recuperación o provocar la muerte por el COVID-19.

Bronwen Norton (2016) advierte que las enfermedades crónicas interactúan con la organización sociopolítica del trabajo agrícola que conduce a los migrantes a trabajar en exceso con oportunidades limitadas para rehidratarse, lo que los pone en riesgo de insolación y paro cardiaco. Añade que episodios frecuentes de insolación pueden conducir a insuficiencia renal. Por su parte, Seth Holmes (2013), quien investigó el estado de salud de los trabajadores agrícolas Triques que provienen de una región del estado de Oaxaca en México, encuentra que la “medicalización” define una entidad que es primariamente o solamente médica, extrayéndola de su contexto político, social, histórico y económico. En este sentido, observa que al reducir el sufrimiento a sus componentes biomédicos y conductuales, los trabajadores de la salud niegan las fuerzas que causan este sufrimiento y por tanto pierden la oportunidad de confrontarlo efectivamente.

La apertura hacia la población inmigrante, mostrada por el Gobierno del presidente Biden, ha generado esperanza entre los trabajadores agrícolas mexicanos indocumentados de algún día poder regularizar su situación migratoria. ¿Será posible que la denominación de trabajadores esenciales conduzca a la transformación de la ley de inmigración de Estados Unidos para beneficio de los trabajadores agrícolas indocumentados?