Valle Imperial/valle de Mexicali, 1910–28: su impacto en la cuenca del río Colorado y la disputa por los usos sociales

El Tratado de Guadalupe-Hidalgo, firmado entre México y Estados Unidos en 1848, privilegió como uso social la navegación y la condición de límite fronterizo del río Colorado entre los dos países a lo largo de 160 kilómetros.⁸ Al iniciar el uso agrícola a principios del siglo XX, las compañías estadounidenses constituyeron empresas mexicanas en un espacio con poca presencia del Gobierno mexicano y lograron demostrar que la navegación era inexistente; por tanto, quedaban eliminadas las restricciones de uso agrícola establecidas por el Departamento de Guerra. Sin embargo, para los dirigentes del Los Angeles Department of Water and Power (LADWP), la distancia con respecto al río Colorado los obligaba a buscar alternativas. Su asociación con los agricultores de Imperial era indispensable, pero estos a su vez dependían de los bordos construidos en el valle de Mexicali. Según los agricultores del Imperial Irrigation District (IID) de California, ellos pagaban los costos, y la Colorado River Land Company (CRLC) en México se beneficiaba, así como a agricultores de diversas nacionalidades.⁹

Otro foco de tensión fue la oposición de las entidades de la cuenca –particularmente Arizona– quienes no estaban de acuerdo en que California fuera la más beneficiada.¹⁰ Entidades en tanto Utah como Colorado se unieron temporalmente para presentar a California como una amenaza para su desarrollo futuro. Si bien en 1922 se firmó el Pacto de Santa Fe, este no fue ratificado de inmediato por todos los estados.

Para los impulsores del proyecto de Los Ángeles –confrontados con empresarios de la misma ciudad– eran necesarias las alianzas con los representantes de otras entidades de la cuenca o con instituciones federales. Phil D. Swing, electo a la Cámara de Representantes por el valle Imperial y San Diego, el exgobernador de California Hiram Johnson, así como Arthur Powell Davis, director del Reclamation Service, establecieron alianzas con empleados y exempleados del Gobierno federal, algunas cámaras de comercio, el IID y representantes de varios estados. Sin embargo, se enfrentaban con la Southern California Edison Company, empresa que pretendía moderar la intervención del Gobierno en la producción de energía eléctrica, con la idea de que la empresa privada tuviera mayor intervención en la producción y distribución de energía. Con la aprobación de la Federal Power Act (FPA) en 1920,¹¹ que daba preferencia a las entidades públicas, las empresas distribuidoras de energía se encontraban en desventaja. Así, la Southern California Edison Company tuvo como aliados, entre otros, a los empresarios del consorcio que presidía Harry Chandler. Las campañas en contra del Pacto de Santa Fe y el BCA se enfrentaron directamente con el cabildo de Los Ángeles, que deseaba el control público de energía y agua para una ciudad que estaba próxima a llegar al millón de habitantes. En Arizona, los empresarios mineros estaban en contra de la FPA por el control del Gobierno federal sobre la producción de energía, por lo que los ataques a los promotores del BCA llegaron de diversos frentes.¹² Lo anterior no impidió que desde Arizona también se intentara la inversión en otras presas, sobre todo la del Cañón Glen; ello implicaba construir un extenso canal de alrededor de seiscientos kilómetros para llevar agua a Phoenix.

A estas dificultades se sumaron las acciones en contra del acueducto de Los Ángeles que se construyó desde el Valle Owens entre 1908 y 1913. Dicha obra, independientemente de los beneficios para la ciudad, fue señalada por la prensa de Los Ángeles –Chandler entre ellos– como un abuso en contra del mencionado valle. El acueducto de 357 kilómetros se tornó un referente de los efectos que podría tener el proyecto de la presa Boulder.¹³ Agricultores de dicho lugar, presumiblemente, colocaron e hicieron estallar bombas en varias partes del acueducto en 1924, 1927 y 1928.¹⁴

El río Colorado corre de noreste a suroeste a lo largo de 2,250 kilómetros; de estos, solo 160 se encuentran en México, y un tramo de treint y dos kilómetros es límite internacional entre los dos países. El cuerpo de agua, en su mayor parte, se forma como producto de las nevadas en Wyoming, Utah, Colorado y Nuevo México, para después bajar hacia Nevada, California, Arizona y finalmente México, en donde se desarrolla la relación entre Mexicali/Imperial, así como la zona agrícola de San Luis Río Colorado, Sonora. En su condición natural, el río en parte iba al Golfo, mientras que una cantidad importante de agua alimentaba varias lagunas que existían en lo que actualmente corresponde a los valles de Mexicali/Imperial. La violencia del choque de las aguas con el Golfo de California provocaba que secciones de lo que ahora es el valle de Mexicali quedara bajo las aguas del río.¹⁵ En ocasiones, el agua corría hacia el Salton Sink, mismo que se encuentra bajo el nivel del mar. Dicho lugar se encuentra en territorio de Estados Unidos, por lo que el valle Imperial era ribereño inferior con respecto al valle de Mexicali (figura 1).¹⁶

El río Colorado era considerado por varios estudiosos como la corriente de mayor velocidad del mundo, razón por la que trasladaba una gran cantidad de material aluvial.¹⁷ El bajo delta tenía diferentes cauces, mismos que se modificaban por la cantidad de sedimentos que llegaban cada año. Uno de los argumentos a favor del BCA era que se lograría controlar dicho material, por lo que se solucionaría el problema de las inundaciones en el valle Imperial/valle de Mexicali. Con ello, se podía modificar la dependencia entre los dos valles, aunque inevitablemente beneficiaba a México.¹⁸ Mark Rose, el más conocido defensor del proyecto en Imperial, indicó que estaban sometidos a una doble tiranía de parte de México, pero además que la CRLC, con Chandler como figura destacada, se beneficiaba con las inversiones del organismo que dirigía para mantener los bordos de protección en territorio extranjero.¹⁹ Aunado a ello, argumentó que un “imperio asiático” se estaba formando al sur de la frontera y era lamentable que los chinos, mexicanos e hindúes se bañaran en los canales que trasladaban el agua a Imperial.²⁰

Solo dos ciudades en Estados Unidos tienen como sustento el llamado derecho del pueblo al agua: Los Ángeles y San Diego, ambas en California.²¹ Este derecho fue el resultado de la convivencia y el conflicto de dos sistemas que se establecieron en California: el reconocimiento de los ribereños y el de primera apropiación. El primero reconoce el derecho de uso a quienes residen en las orillas del cuerpo de agua, mientras que el segundo permite que quienes construyan obras y trasladen el agua a zonas alejadas de la corriente puedan hacerlo, solo que deben demostrar que fueron los primeros en utilizar el recurso en beneficio de la actividad económica.²²

En el caso “Lux contra Haggin” (1879–86), que marcó la pauta para el derecho del pueblo al agua, la corte de California decidió que los terrenos públicos y privados adyacentes a una corriente tenían derecho al agua, pero también quien a pesar de no ser ribereño demostrara haber utilizado agua antes que los ribereños. Con ello, demostrar ser primero en tiempo fue un asunto capital. Además, debido al éxito de la agricultura, la disposición de tierras ribereñas era prácticamente nula, por lo que el derecho de primera apropiación se impuso cada vez más.

John Godfrey, con base en el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, en el cual se asentaba que se respetaban los derechos adquiridos previamente a la guerra, fue quien introdujo la noción del derecho del pueblo al agua.²³ Durante la década de 1870, presentó la documentación y, en el caso “Feliz contra Los Ángeles”, la corte apoyó el reclamo del derecho del pueblo, aunque los motivos de la decisión no fueron claros. En 1895, con el caso “Vernon Irrigation Co. contra Los Ángeles”, las alusiones al derecho hispánico permitieron a los litigantes presentar una tesis que resultó favorable a la ciudad, con lo que el derecho del pueblo al agua se impuso.²⁴ Esto implicó un derecho superior a los precedentes y, con ello, quienes se opusieron a esa decisión se enfrentaron a una postura del cabildo de Los Ángeles legitimado por organizaciones políticas. Para socialistas, progresistas o populistas, era mejor un cabildo cada vez más fuerte a lo que se oponían los empresarios.

Con base en el derecho del pueblo al agua, personajes como William Mulholland se convirtieron en protagonistas para lograr que agua de ríos o de lagunas lejanas llegara a la ciudad. El gran acueducto de Los Ángeles fue un tema en las primeras décadas del siglo XX. Fred Eaton, en su papel de alcalde, visualizó en la década de 1890 que la solución para garantizar agua era su traslado desde sitios lejanos.²⁵ La sobreexplotación de pozos había generado tensiones entre las empresas privadas y los intereses públicos. El resultado fue que la ciudad adquirió la empresa operadora del agua a principios del siglo XX y que su principal administrador, Mulholland, se convirtió en el empleado de la ciudad con mayor relevancia. El objetivo de Eaton y Mulholland fue transportar el agua desde el Valle Owens, a 346 kilómetros de distancia. El plan fue considerado inicialmente imposible, pero con apoyo de los grupos promotores del desarrollo urbano de la ciudad, se logró el objetivo. Inversionistas como Harrison Gray Otis, dueño del Los Angeles Times; Henry E. Huntington, de la Pacific Electric Railway; W. G. Kerchoff, de la Pacific Light and Power Company; E. H. Harriman, del Southern Pacific; así como Moses Sherman, ligado a empresas de bienes raíces tanto en Arizona como en el sur de California, fueron parte de dicho proyecto. Destaco a Sherman y Gray Otis, dado que eran accionistas de la CRLC. El interés de los empresarios era el desarrollo del valle de San Fernando; empresarios, ingenieros del Reclamation Service y los dirigentes del LADWP fueron acusados de trabajar coludidos, aunque las evidencias que presentaron varios periodistas no corroboraron la especulación.²⁶

Las votaciones para emitir bonos se tenían como contexto el temor construido desde la prensa que apoyaba la visión de que la ciudad se quedaría sin agua. La campaña publicitaria fue intensa; el resultado fue la emisión de bonos por $24 millones. La magna obra se construyó entre 1908 y 1913 y provocó que las poblaciones aledañas solicitaran su anexión a Los Ángeles para garantizar el servicio de agua. Así, Burbank, Glendale, Pasadena, Beverly Hills, San Marino, Santa Mónica, Anaheim, Colton, Santa Ana y San Bernardino, por mencionar algunas, propiciaron que Los Ángeles, de tener bajo su jurisdicción alrededor de cien kilómetros cuadrados, para 1928 alcanzara setecientos kilómetros.²⁷ Los empresarios ya mencionados constituyeron la San Fernando Mission Land Company y se convirtieron en los propietarios del valle de San Fernando. Para sectores políticos opuestos al proyecto, esto era la prueba de la colusión entre empresarios y personal del Reclamation Service. Sin embargo, la postura de los empresarios no fue la misma con respecto al río Colorado.

Desde 1911, agricultores de Imperial abordaron el tema de la posible construcción del CTA, para dejar de depender del canal El Álamo que trasladaba el agua por territorio mexicano; pero la idea de una gran presa no fue bien vista por los miembros del IID. El proyecto era parte de los planes de Powell Davis; lo mismo de Albert B. Fall, secretario del interior.²⁸ Ambos elaboraron el reporte Fall-Davis,²⁹ mismo que se convirtió en el centro de las discusiones y marcó una posible ruta.³⁰ Sin embargo, los costos de dicha obra implicaban un gran riesgo y la necesidad de llegar a acuerdos con las otras entidades de la cuenca, así como con México. En ocasiones precedentes, el Reclamation Service se había negado a intervenir por el aspecto internacional, dadas las relaciones complicadas entre las empresas involucradas.³¹

Establecer una relación conveniente para los promotores del BCA y los agricultores de Imperial no fue sencillo, dado que enfrentaban problemáticas diferentes. Para los agricultores de Imperial, el mantenimiento de los bordos en territorio mexicano era el factor de mayor relevancia.³² Por ello, el IID formó la Compañía de Tierras y Aguas de la Baja California (CTABC) para laborar únicamente en Mexicali:³³ es decir, en Imperial era un distrito de irrigación, en Mexicali una empresa mexicana encargada de los bordos para proteger el valle Imperial. Por otro lado, la Revolución mexicana provocó el desmantelamiento del Estado en México, por lo que negociar con el Gobierno federal, preocupado por otros temas, resultó una tarea imposible. Entre 1911 y 1916, el sistema construido en México estuvo en conflicto legal permanente. El juez Franklin J. Cole de la corte de Los Ángeles, ante el vacío de poder que dejó la empresa del ferrocarril sud Pacífico, nombró a dos “receivers”, W. F. Holabird para Imperial y Alberto F. Andrade –ciudadano estadounidense– para Mexicali.³⁴ Sin embargo, la coordinación entre estos fue imposible, y los temores de que no se realizaran obras de mantenimiento en los diques en México alarmaban constantemente a los agricultores de Imperial. Hubo pues constantes enfrentamientos de esta empresa y por ende del IID con la CRLC, así como con alguno de sus propios miembros que rentaban tierras en el valle de Mexicali. En resumen, consideraban que sus inversiones para mantener los diques en Mexicali permitían que los empresarios de la CRLC abrieran tierras al cultivo, lo que a su vez preocupaba a los ribereños superiores de la cuenca –Colorado, Utah, Wyoming, Nuevo México– quienes veían con temor que se creaban derechos en México bajo el principio de primera apropiación. Por ello, desde 1919 plantearon la necesidad de un acuerdo, mismo que se concretó en 1922 con el Pacto de Santa Fe (figura 2).

Rose, director del IID-CTABC, enfrentó a la CRLC en numerosas ocasiones. Una temática de particular relevancia fue la desecación de la Laguna de los Volcanes, en las cercanías de Cerro Prieto. La laguna se formó en décadas anteriores, pero por la construcción de los diques dejó de recibir agua. La cuestión que surgió fue la propiedad de la tierra, dado que los empresarios de la CRLC querían que fuera considerada parte de sus terrenos, al igual que el IID-CTABC, por considerar que era con sus recursos que dichos terrenos se estaban desecando. Álvaro Obregón, como presidente de México, buscando ayuda para el reconocimiento de su gobierno por parte de Estados Unidos, intentó negociar con los empresarios de la CRLC. Al no encontrar respuesta, su decisión fue que la Laguna de los Volcanes se considerara tierras nacionales y se propuso colonizarla con veinte mil agricultores mexicanos.³⁵ Incluso inició un proyecto de ferrocarril hacia San Felipe, en la costa del Golfo de California. Posteriormente, los empresarios de la CRLC negociaron con Obregón el último día de su gobierno, 30 de noviembre de 1924, a raíz de lo cual el presidente favoreció a la empresa a cambio de la promesa de que atrajera inversiones al valle de Mexicali.

De esta forma, los miembros del IID-CTABC esgrimían argumentos en contra del Gobierno de México, de quien se consideraban a su merced, así como sujetos a los caprichos de la CRLC, a quienes denunciaban como ricos empresarios que se aprovechaban de su necesidad de mantener los bordos de protección. Por ello, la construcción de la presa Boulder se volvió parte de su nueva lucha; en adelante, la presa y el CTA se consideraban un complemento, dada su dependencia de territorio de México. De esta manera, mientras la CRLC, con aliados en el valle Imperial, se oponía al CTA, el IID-CTABC se quejaba de estar a merced de las autoridades mexicanas y de la CRLC. La propuesta Swing-Johnson, como se le conoció al proyecto, a partir de 1920 fue apoyada por el IID-CTABC. Por su parte, Chandler se oponía al CTA, pero sobre todo a que las instancias de gobierno fueran las encargadas de la distribución de la energía eléctrica y que elLADWP fuera el organismo que centralizara la distribución del agua.

En 1922, se realizó el Pacto de Santa Fe, en el cual se tomaron decisiones que desde entonces han marcado la relación entre los estados de Utah, Wyoming, Nuevo México, Colorado, Arizona, Nevada y California, así como con México, aunque Arizona se negó a firmarlo durante dos décadas. En el documento, se otorgaron 4.4 millones de acres-pie para California, con una asignación de más de un millón de acres-pie de agua para la ciudad de Los Ángeles. Aunado a ello, se inició una amplia campaña para la aprobación del BCA, en el que, se decía, dependía el futuro de la nación.³⁶ Johnson, como senador, y Swing, como miembro de la Cámara de Representantes, fueron los impulsores de los distintos proyectos que se sometieron a discusión entre 1924 y 1928. Los principales obstáculos para este proyecto fueron los representantes de Arizona, Carl V. Hayden y Fred T. Colter, entre otros, así como las empresas distribuidoras de energía eléctrica, ya que consideraban a agencias gubernamentales una amenaza a sus potenciales mercados.

Al mismo tiempo, Chandler y los miembros del consorcio del Los Angeles Times apoyaron a los opositores del BCA en Arizona. La Edison Electric Company (EEC), con Huntington y John S. Eastwood al frente, desde 1921 desarrolló una labor de convencimiento entre los habitantes de Arizona para promocionar los beneficios de producir energía barata para los habitantes del estado.³⁷ De manera alterna, ambas compañías comenzaron a solicitar al Gobierno federal el uso del Colorado para producir energía, a pesar de la FPA. Así, dos empresas con su ubicación formal en Los Ángeles combatieron la intención del Gobierno federal, el Reclamation Service, el LADWP y el IID-CTABC. De esta forma, los proyectos de llevar agua del río Colorado a Los Ángeles provocaron que los empresarios se unieran en contra de la intervención federal y el cabildo. Las obras de irrigación con inversión federal eran observadas como el enemigo.

La EEC desde hacía varios años estaba dedicada a la producción de energía y diseñaba presas y canales para aprovechar el agua de la Sierra Nevada. Sin embargo, para los políticos progresistas, esta proyección de futuro no era la más viable, por lo que organizaciones de trabajadores y dirigentes de las clases medias y condados, desde sus cabildos o consejos, sostuvieron una larga pugna por lo que consideraban su derecho de controlar la producción y venta de energía a sus ciudades.

Por ello, la frase de Mulholland sobre ir por el agua –“There it is, take it”– no revela las complejidades que ello implicó. Ir por esa agua no era solo construir la presa Boulder y el nuevo acueducto, o proteger el valle Imperial de las inundaciones –lo que de manera directa beneficiaba al valle de Mexicali y al IID–. Era también apoyarse en el progresismo y transformar el uso social del espacio de parte del Oeste estadounidense y el noroeste de México. No era solamente beneficiar al LADWP sino incidir de manera directa en la construcción del espacio y el desarrollo futuro de entidades, ciudades y dos países que en su relación de interdependencia compleja –sin negar asimetrías– se verían beneficiados por el proyecto de mayor magnitud en la hidráulica hasta ese momento.

La confrontación entre el LADWP y empresarios ya mencionados provocó que surgieran proyectos alternativos. Eugene C. La Rue, el ingeniero más reconocido por sus exploraciones a lo largo del río, estaba en contra de la construcción de la presa Boulder. La Rue publicó, con apoyo del Reclamation Service, Colorado River and Its Utilization (1916) y Water Power and Flood Control of Colorado River below Green River, Utah (1925), en donde indicaba que la obra más pertinente era construir una presa en el Cañón Glen. La Rue, entre otras cosas, concluyó que la cantidad de agua, estimada en 15.2 millones de acres-pie no sería suficiente para todas las necesidades.³⁸ Poco después, se oficializó –en el Pacto de Santa Fe– la cifra de dieciocho millones de acres-pie, misma que no era el resultado de las investigaciones de La Rue, aunque el ingeniero fue muy citado en las audiencias del Congreso.

En parte, el proyecto de La Rue encontró eco en el senador Colter, de Arizona. Colter fundó en 1923 la Arizona High-Line Reclamation Association (AHRA).³⁹ El senador prometió que con su propuesta se irrigarían 4.6 millondes de acres de tierras y se producirían dos millones de kilowatts por hora al año.⁴⁰ La intensa promoción tanto en diarios como en audiencias del Senado llevó a Colter a prometer aún más efectos positivos para Arizona; afirmó que seis millones de acres podrían ser utilizados en agricultura y se producirían cinco millones de kilowatts por hora.⁴¹ Entre los argumentos de Colter, se destaca que con la presa Boulder se beneficiaba en territorio de México a un grupo de empresarios de Los Ángeles. Su argumento era que el estado de California quería garantizar a México 1.5 millones de acres-pie para beneficio del consorcio de Chandler. Ello afectaría a Arizona, que se vería limitado en su crecimiento. Colter, lo mismo que Hayden y en general los representantes de Arizona, utilizó este argumento constantemente: con la presa Boulder no solo se beneficiaba a México sino a ricos empresarios angelinos.

Sin embargo, mientras La Rue no compartía la idea de privar de agua a México, los representantes de Arizona sí contemplaban dicho asunto. En el Pacto de Santa Fe, se estipuló que, a México, en el caso de un tratado, se consideraba entregar 1.5 millones de acres-pie. Sin embargo, al negarse Arizona a ratificarlo en su congreso estatal, en California sucedió lo mismo, pero por razones diferentes. En dicho estado, pretendían presionar a los ribereños superiores para llegar al acuerdo y así arrinconar a Arizona, para que el pacto fuera firmado por seis estados, aunque Arizona quedara fuera. Así, La Rue en la audiencia de 1926, en la sesión de preguntas indicó que era necesario el tratado lo más pronto posible, dado que –con cualquier presa, pero sobre todo con la Boulder– México podría abrir más tierras al cultivo; afirmó que no se debería de privar de agua a México para no lastimar la conciencia de los estadounidenses y que el Gobierno no amenazara a una nación más débil.⁴²

Sin embargo, tanto en la prensa de Arizona como en las audiencias del Congreso, el tema de privar de agua a México resultó común tanto por representantes de Arizona como por cámaras de comercio o agricultores. Aunado a ello, se atacaba al BCA por la pretensión del LADWP para quedarse con agua que les pertenecía por derecho, sobre todo a Arizona, dado que 80 por ciento del caudal fluía por el estado. Así, por ejemplo, C. M. Zander, miembro ejecutivo y secretario del consejo de directores de instituciones de Arizona, argumentó con una idea que se volvió lema: cada acre de tierra que se aprovechara en México era un acre menos en Estados Unidos. La presa Boulder, afirmó Zander, también privaría a Arizona de sus derechos de uso, además de que se violaba la soberanía del estado. La Federal Power Commission, indicó Zander, a diferencia de otras entidades, no tenía el derecho a utilizar la zona aledaña al río para permitir obras, como se pretendía, dado que la presa ocuparía áreas de Nevada y Arizona, cuando los principales beneficiados eran California y México. Arizona tenía un mejor proyecto como una presa en el Cañón Bridge y el canal High-Line, mismo que, indicó, era ridiculizado por traidores de su propio estado pero que permitiría abrir más de cuatro millones de acres al cultivo. Expuso que Arizona tenía el derecho al río desde la Yucca Line, por lo que podían detener el agua si así lo deseaban; sin embargo, cumplir la amenaza requería de una gran inversión. Zander apuntó que el financiamiento podía realizarse de manera semejante a la Salt River Users Association, en el que se permitió que la empresa Pacific Gas and Electric Company invirtiera en la distribución de la energía.⁴³

En 1926, el también senador por Arizona Ralph Cameron, uno de los promotores del desarrollo turístico del Gran Cañón, presentó ante el Congreso una deposición de George H. Maxwell, quien ya había dado testimonio en 1924. En su texto, Maxwell ratificó la postura de que todo el río Colorado era propiedad de Estados Unidos y que, de construirse la presa Boulder, el gran beneficiado sería México. Maxwell apuntó que, como interesado en el desarrollo de Arizona pero también en la protección del valle Imperial, tenía particular interés en la seguridad nacional, ya que al sur de la frontera se estaba consolidando una amenaza para Estados Unidos, señalando que chinos y japoneses se apoderaban de grandes extensiones de tierra. En su proyecto, contemplaba entregar a Los Ángeles y el valle Imperial lo que deseaban, pero no a México. El sustento de su proyecto era el canal High-Line, mismo que en su largo recorrido de seiscientos kilómetros provocaría una significativa cantidad de aguas de retorno, por lo que la totalidad de la corriente sería de 22.5 millones de acres-pie –es decir, cuatro millones más que la cifra utilizada por otros actores– y 7.5 millones más de lo indicado por La Rue, el conocedor del tema.

De esta manera, en todos los proyectos el factor límite fronterizo era de particular relevancia. A diferencia de La Rue, los representantes de Arizona, lejos de apoyarse en empresas como la EEC o la CRLC, querían la intervención gubernamental para construir la propuesta de La Rue, aunque este difería respecto de las entregas a México.

Por lo anterior, el mejor argumento para construir la presa y el CTA era la permanente vulnerabilidad del valle Imperial. Como apunté anteriormente, la agricultura dependía del uso de territorio mexicano para trasladar el agua por el canal El Álamo, pero la seguridad la proporcionaban los diques que se construyeron en el valle de Mexicali. Estos bordos eran pagados por el IID-CTABC, con un costo aproximado de $250,000 a $300,000 cada año. M. J. Dowd, administrador del IID-CTABC, insistía en el alto costo y las dificultades técnicas para su mantenimiento.

El límite fronterizo fue por tanto fundamental en los acuerdos al interior de los Estados Unidos, dada la relevancia de la necesidad de utilizar territorio mexicano y de las empresas oficialmente mexicanas como la CRLC y IID-CTABC. En 1926, durante las discusiones en el Senado estadounidense, el límite fronterizo se tornó más relevante debido al incremento del caudal. Para este momento, Mulholland había reclutado para su causa al exdirigente del Reclamation Service, Powell Davis. La institución y su director, Elwood Mead, se inclinaron claramente por la construcción de la presa Boulder y el CTA. Lo mismo hizo el secretario del interior Hubert Work. En oposición a ellos, se posicionó el secretario del tesoro Andrew Mellon, quien como banquero llegó a dicho cargo con la idea de enfrentar a los progresistas y eliminar paulatinamente la intervención del Estado en la economía.

En 1926, se presentó una crecida del río que dañó bordos de protección en el valle de Mexicali, lo que amenazaba a Imperial. Mead, conocedor de la situación, indicó que no era posible seguir los deseos de los representantes de Arizona, dado que en ese momento quien estaba en desventaja era los Estados Unidos.⁴⁴ El cuidado de los bordos en territorio mexicano se volvió factor en las tensiones que existían en la prensa, los Gobiernos federales y las entidades involucradas. El ingeniero Guillermo González, responsable de la Comisión Nacional de Irrigación en Mexicali, informó constantemente sobre los problemas para la construcción de los diques de contención.⁴⁵ Para fines de ese año, la intención manifiesta del Gobierno de Estados Unidos era que un grupo de militares ingresara a territorio mexicano para inspeccionar las obras.⁴⁶ Dowd, como gerente del IID-CTABC, estaba en contacto con González por el temor de que la ruptura del bordo “Pescaderos” causara mayores estragos.

En este contexto, el gobernador del Distrito Norte de la Baja California, Abelardo L. Rodríguez, apoyó a H. H. Clark, gerente de la CRLC, para construir un bordo que llevó el nombre del mencionado funcionario.⁴⁷ La inversión de la CRLC tuvo recompensa, dado que ese año fue cuando obtuvo su primera concesión temporal –no definitiva– de agua en el valle de Mexicali, lo que causó enconó por parte del IID-CTABC.⁴⁸ Las discusiones en la prensa –por ejemplo, en el Calexico Chronicle, en que se solicitaba la inversión del Gobierno de Estados Unidos en los bordos de protección– llevaron a que Mead informara que no se invertiría dinero en México, ya que, de hacerlo, podría provocarse la derrota de la propuesta de construcción de la presa Boulder.⁴⁹ Cabe señalar que, si bien no ingresaron ingenieros militares a territorio de México, sí se realizaron vuelos para tomar fotografías y conocer la peligrosidad de la creciente. Las imágenes fueron manejadas con discreción para no generar un incidente internacional. Paul Shop, en un informe al presidente estadounidense Calvin Coolidge, indicó que en inundaciones anteriores, como por ejemplo la de 1906, se le había dado una importancia nacional.⁵⁰

La campaña en favor del BCA y el CTA fue intensa. El Los Angeles Record y el Los Angeles Times resaltaban los problemas de la obra de la misma forma que destacaban los enormes conflictos que se generaban en el Valle Owens, donde, indicaban, se vivían estragos por haberles quitado el recurso. Como apunté, Chandler estaba en contra de que el departamento dirigido por Mulholland detentara el control sobre agua y energía. Sin embargo, este, apoyado por las instancias de la ciudad, lejos de detenerse por los conflictos y las críticas, inició las gestiones para formar el Metropolitan Water District, integrado por las trece ciudades que recibían agua del sistema. El argumento principal consistió en la necesidad que se proyectaba a futuro para el recurso hídrico en una ciudad donde la industria se desarrollaba con intensidad.

En este contexto, la unión provocada por la naturaleza del río, es decir, el valle Imperial/valle de Mexicali, era de particular relevancia. Construir el acueducto río Colorado–Los Ángeles representó un tema tradicional al señalar el peligro de quedarse sin el vital líquido. Dicho de otra manera, era sostener la misma idea que llevó a la construcción del acueducto del Valle Owens. Sin embargo, en esta ocasión, contaban con el apoyo y la asesoría de exfuncionarios del Bureau of Reclamation como Powell Davis y Frank E. Weymouth, quien diseñó el proyecto de la presa Boulder. Aunado a ello, los temores de que los habitantes de Owens, al colocar bombas en el acueducto en varias ocasiones, dejaran sin agua a la ciudad alimentó el deseo de que el nuevo acueducto se construyera.

La comisión del río Colorado, desde 1922, difundió los beneficios del BCA en los medios nacionales. Así, por ejemplo, el New York Tribune, en un artículo escrito por Leo Pasvolvsky, indicó que muchos problemas se resolverían en caso de aprovecharse el Colorado. En sentido épico, inició el artículo con la escena de unos hombres que llegaron al desierto y lo hicieron florecer. Sin embargo, estaban sujetos a las constantes inundaciones que eran conocidas por toda la nación. El valle Imperial, por estar a la cabeza del Golfo, tenía la amenaza constante de quedar bajo las aguas, con el enorme costo de vidas y la perdida de cultivos; se había gastado $10 millones en las obras de protección, aunque en la nota no se apuntó que los diques estaban en territorio mexicano. Pasvolvsky indicó que el Colorado era el Nilo de América y que se necesitaba un acuerdo entre los estados de la cuenca. El Colorado, apuntó, era la principal fuente de agua para la región, por lo que empresas y ciudades estaban interesadas en el río para su beneficio.⁵¹

El Senado estadounidense, durante cuatro años, discutió el proyecto de la presa Boulder y el CTA. En tres ocasiones, los opositores triunfaron. Los defensores de la empresa privada, así como los senadores de Arizona, con el apoyo de Chandler, lograron que la votación no se completara. Las estrategias fueron diversas, entre ellas, evitar que algunos senadores estuvieran presentes en momentos clave.⁵² En febrero de 1927, en una inusual confrontación, se obligó a los senadores a que comparecieran para votar. En diciembre de ese año, Swing en la Cámara de Representantes e Johnson en el Senado volvieron a reintroducir la propuesta, misma que fue aprobada en diciembre de 1928. Para ese momento, Herbert Hoover ya había sido electo a la presidencia de Estados Unidos, y era conocida su directa vinculación con el proceso del Pacto de Santa Fe de 1922, así como la BCA. De esta forma, se logró el objetivo que se declaraba en gran parte de los argumentos, que era la protección del valle Imperial y del valle de Mexicali (aunque la inclusión de este último valle no se publicitaba de la misma forma).⁵³ El naciente Metropolitan Water District of Southern California (MWDSC) tuvo así la resolución deseada y se consolidó la participación de las instituciones públicas en la administración del recurso hídrico, así como la producción y distribución de energía eléctrica, que habían sido fundamentales para el crecimiento territorial de la ciudad de Los Ángeles.

El impacto que tuvo el BCA es uno de los más importantes para el suroeste de Estados Unidos así como para la construcción de la frontera México–Estados Unidos. La aprobación estuvo condicionada a la producción de electricidad con la intervención de empresas privadas y el acuerdo de repartir la energía entre las distintas entidades. Así, el MWDSC obtuvo el 36 por ciento de la energía, los estados de Nevada y Arizona 18 por ciento y varias municipalidades el 6 por ciento. Las empresas encabezadas por la EEC obtuvieron el 9 por ciento, entre ellas la Southern Sierras Power Company, que vendía energía al valle de Mexicali. También obtuvieron energía la San Diego Consolidated Gas and Electric Company y el Los Angeles Gas and Electric Corporation. Cabe señalar que todo ello está enmarcado en otras complejidades, dado que la capacidad de transmisión era limitada. Cada entidad, pública o privada, tenía ante sí un conjunto de retos que van más allá del objeto del presente artículo. Por otra parte, debemos indicar que los mercados potenciales de energía en varios casos aún no estaban definidos, dado que se trataba de proyecciones a futuro. Por ello, la implementación de la BCA desencadenó varios efectos en los años posteriores a su construcción.

Más allá de los efectos posteriores que causó el BCA, el tema central declarado por diversos actores fue la protección del valle Imperial. En el documento, no se plasmó uno de los puntos que he señalado en este artículo: beneficiar al valle Imperial era también eliminar inundaciones en territorio mexicano y por tanto la posibilidad –como en efecto sucedió– de abrir más tierras al cultivo y, aunado a ello, reclamar mayor cantidad de agua. Por otra parte, en las discusiones públicas, no quedó del todo claro que, aun con la presa Boulder, sería necesario mantener bordos de protección en el valle de Mexicali, por lo que si bien el CTA representaba la independencia del sistema de distribución de México, no era posible abandonar el cuidado de los bordos, por lo que el IID-CTABC mantuvo sus negociaciones con las autoridades mexicanas hasta la década de 1960.

Con el CTA, se garantizaba llevar el agua por territorio estadounidense, pero el control paulatino de la corriente permitiría que el poblamiento del valle de Mexicali fuera posible, dando mayor seguridad a las inversiones. Así, uno de los argumentos de los representantes de Arizona se cumpliría, dado que, bajo el esquema de la primera apropiación, pudo reclamar y negociar –con respaldo en las condiciones del río Bravo– la mayor cantidad de agua posible en función de un tratado.⁵⁴

Las decisiones sobre las cuencas internacionales entre México y Estados Unidos condicionan el planteamiento del desarrollo de las sociedades que se abastecen, para sus diferentes usos sociales, del agua del río Colorado. Es una historia de carácter transfronterizo que si trata de abordarse desde el prisma individual de cada país y no permite entender el proceso en su dimensión de internacionalidad y codependencia.

Así, para los estadounidenses, los acuerdos internos sobre agua son una parte sustancial de la relación con México. En los años aquí examinados, se observa cómo este vínculo fue una condicionante. Por su parte, el valle de Mexicali desempeñó un papel fundamental en los acuerdos, dado que se dependía de las obras para el abasto y la subsistencia de uno de los valles agrícolas más importantes de California.

Los eventos y los intereses aquí analizados demuestran que la construcción del espacio, en función de los usos sociales del agua, generaron una zona en la que empresas, intereses públicos, desarrollo de la tecnología hidráulica y escenarios de futuro en el aprovechamiento del recurso formaron un entramado de intereses y derechos que rebasa los discursos historiográficos marcados por las fronteras geopolíticas y los estados-naciones. Así, empresarios, entidades públicas y funcionarios formaron un entramado en el que el límite fronterizo se constituyó en un factor para la toma de decisiones. Estas últimas involucran las áreas cercanas al mencionado límite, pero también zonas que, aparentemente, no corresponden a lo que convencionalmente es denominado como frontera/border. Desde esta perspectiva, destaco la necesidad de una historiografía que ubique la relación y vínculo/conflicto en una de las zonas de mayor complejidad para la historia mexicana y estadounidense.

¿Cómo abordar en este contexto el tema de la soberanía nacional? ¿Dónde inicia y termina el espacio de un país y otro? ¿Es posible considerar que México incide en el espacio estadounidense y viceversa? Estas preguntas son algunas que se desprenden de lo aquí descrito. Demostrarlo que de aquí se desprende es que las cuencas internacionales son un reto constante a la visión tradicional de la relación espacio/soberanía. Implican ceder un recurso bajo ciertas condiciones, así como la obtención de derechos de parte del otro que, a su vez, se beneficia del uso del espacio y de un recurso natural que es fundamental para las zonas áridas.

La perspectiva analítica aquí presentada tiene también relevancia para eventos contemporáneos, en los que el tema de la distribución del agua se vuelve un referente vinculado con el tema del cambio climático y la posible reducción de la escorrentía de la cuenca. Sin duda, esta idea es un asunto de particular relevancia que requiere una visión de orden binacional, dado que los actores y las condiciones que existen en la actualidad tienen su fundamento en los planteamientos aquí desarrollados. En la relación entre México y Estados Unidos, la distribución y los beneficios que generan los acuerdos/conflictos por el agua es un tema central, aunque a menudo reducido a interpretaciones simples que solo observan el contacto entre Washington y la ciudad de México, de presidente a presidente. En caso que el reparto del recurso hídrico se viera alterado en su funcionamiento, otros temas aparecerían, dado que de los acuerdos alcanzados para el caso del Colorado dependen alrededor de cuarenta millones de personas en ambos países.⁵⁵

Los escenarios de larga y corta duración, particularmente los actuales sobre el cambio climático –como es la alta variabilidad en la escorrentía de los ríos internacionales y en particular del río Colorado– generan numerosas propuestas sobre nuevas posibilidades de distribución del recurso. El tema de la seguridad nacional, con todas las implicaciones para ambos países, considera el asunto del agua como un aspecto fundamental. Por ello, analizar el proceso de construcción desde lo transfronterizo permite entender las complejidades, que implica cualquier decisión que se proponga en contextos de crisis o de conflicto, que, como apuntamos, en nuestros días tiene importancia capital, dado que, en los escenarios a futuro, siempre se contempla una reducción del recurso agua.