In October 1931, Governor Bartolomé García Correa and Socialist Party activists violently closed Carlos R. Menéndez’s Diario de Yucatán for being reactionary. Defenders of the Diario denounced the governor for illegally silencing the voice of what today we would understand to be civil society. After a seventeen-month struggle in the courts, the national press, and in Mexico City’s bureaucracy, Menéndez prevailed. This article closely examines the conflict, using regional and national archives and abundant contemporary press coverage, paying careful attention to discursive expression of socioethnic inequalities. It reveals significant limits on the regional independent press and the concept of civil society during the formative period in postrevolutionary Mexico known as the Maximato (the 1928–35 era dominated by Plutarco Elías Calles as hyperexecutive or Jefe Máximo). During the Maximato, the postrevolutionary state employed authoritarian measures to centralize power. The Maximato state, however, could not govern without acknowledging both the Constitution of 1917’s classical liberal civil rights, such as freedom of the press and guarantees of associational life, and the revolutionary political legacy of popular action against “reaction.” In the Yucatecan case, the muzzling of the regional independent press was not simply top-down illiberalism. Yucatecan socialists believed it would help create a more egalitarian and inclusive socio-political order to supplant civil society. The Diario’s exclusivist definition of civil society and the national press’s personal attacks on García Correa reflected widespread beliefs that people of indigenous and African descent were incapable of taking part in civic life. While Menéndez eventually prevailed in the courts, it was due more to his economic and cultural capital and prominent Mexico City allies than to legal protections for press freedom or civil-society resistance. The case helps us to understand how the latter two varied so significantly over place and time in postrevolutionary Mexico, and why Tocquevillian notions of civil society require careful qualification when applied to poor, overwhelmingly indigenous regions of Mexico.

En octubre de 1931, el gobernador Bartolomé García Correa y activistas del partido socialista de Yucatán cerraron violentamente el Diario de Yucatán, perteneciente a Carlos R. Menéndez, por ser reaccionario. Los defensores del Diario denunciaron el acto como un intento ilegal para callar la voz de lo que actualmente consideramos la sociedad civil. Después de una lucha de diecisiete meses en los tribunales, la prensa nacional y la burocracia federal en México, Menéndez prevaleció. Este artículo examina de cerca el conflicto, utilizando archivos regionales y nacionales y la abundante cobertura de la prensa de aquellos años, poniendo especial atención a la expresión discursiva de las desigualdades socioétnicas. Este artículo revela los límites significativos de la prensa regional independiente y el concepto de la sociedad civil durante el periodo formativo del México posrevolucionario conocido como el Maximato (la época 1928–35 dominada por Plutarco Elías Calles como híperejecutivo o Jefe Máximo). Durante el Maximato, el Estado utilizó métodos autoritarios para centralizar el poder. Sin embargo, el Maximato no podía gobernar sin considerar las garantías clásicas liberales de los derechos civiles de la Constitución de 1917, como la libertad de prensa, la garantía de libertad de asociación o la herencia política revolucionaria de la acción popular contra la “reacción”. En el caso yucateco, amordazar a la prensa regional independiente no era un caso de iliberalismo desde arriba. Los socialistas yucatecos creían que el ataque contra el Diario sería una manera para establecer un orden sociopolítico más igualitario e inclusivo para reemplazar la sociedad civil. La definición exclusivista de la sociedad civil del Diario y los ataques personales de la prensa nacional contra García Correa reflejaron creencias diseminadas sobre que las personas de descendencia indígena y africana eran incapaces de tomar parte en la vida civil. Aunque Menéndez prevaleció en los tribunales, su victoria se debió más a su capital económico y cultural, a más de sus aliados prominentes en México, que a las protecciones legales de la libertad de prensa o la resistencia de la sociedad civil. Este caso ayuda a entender como las dos últimas variaban tanto dependiendo el lugar y el tiempo en la época posrevolucionaria de México, y porque las nociones Tocquevillianas de la sociedad civil requieren una calificación cuidadosa cuando se aplican a regiones pobres, y abrumadoramente indígenas en México.

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